Pau Donés (Jarabe de Palo), nos ha hecho llegar un nuevo comunicado relativo a las acusaciones de SGAE por un supuesto caso de evasión de impuestos, «Con el ánimo de aclarar algunos puntos sobre la información aparecida en El Mundo con fecha 18 de enero 2019 y algún detalle más».
Respecto a las «sociedades pantalla o entes sin personalidad jurídica», Donés explica que: «Efectivamente Tronco Warner y Tronco Records Warner no son sociedades pantalla, son sociedades que reciben el derecho de crédito de un titular (en este caso un autor), llamadas en el sector de las editoriales cesionarias, totalmente legales. Las facturas emitidas por dichas cesionarias, van a la contabilidad de artistas y editoriales, y deriva en cálculo de impuestos que se liquidan convenientemente, siguiendo el reglamento que el Ministerio de Hacienda indica. Y el dinero facturado a las cuentas de los autores. Apunto que esa contabilidad está a disposición de cualquiera que desee verla en el registro Mercantil, donde legalmente está inscrita. Las sociedades pantalla u opacas suelen residir y relacionarse con paraísos fiscales. En nuestro caso, las sociedades y sus cesionarias son españolas. El esquema es totalmente transparente, con nombres y apellidos, todo registrado convenientemente y, como decía en el anterior comunicado, perfectamente conocido y consensuado con SGAE (artículos 2, 3, 4, 7 y 132 del reglamento de los estatutos de SGAE)».
Luego pasa a aclarar que «Aparece en un párrafo posterior del artículo de El Mundo que Tronco Warner y Tronco Records Warner ingresaron en total €1.485.083 (€858.716 y €626.367 respectivamente). ¿En qué quedamos pues? Porque de €1.485.083 a €70 millones van €68.5 millones. A alguien se le ha estropeado la calculadora».
Respecto a la «connivencia con las multinacionales discográficas», Pau Donés indica que «Nada tienen que ver aquí las multinacionales discográficas, que liquidan royalties por venta de discos y no derechos de autor. Se trata en este caso de un acuerdo entre SGAE, autores y editoriales musicales, no compañías de discos».
En su comunicado, Donés asegura que «El actual presidente de SGAE, José Ángel Hevia, tuvo una cesionaria durante muchos años (Busindre), y por lo tanto conocía perfectamente la operativa porque formó parte de ella. ¿Alguien puede aclarar qué fue lo que descubrieron? No había nada que descubrir, porque las cesionarias es una práctica instaurada por SGAE para sus socios desde hace por lo menos 20 años». Añade que «Parece curioso que la elaboración de la denuncia no haya sido encargada a los propios servicios jurídicos de la entidad, sino a un bufete de abogados externo (…) Espero que los honorarios de dicho despacho, que seguro serán altos, no los estemos pagando los socios de SGAE, aunque no me extrañaría». Y dice que «La sombra de La Rueda aparece otra vez».
Finaliza Donés expresando: «Por último, y con la tristeza que siento por ser ninguneado por la dirección de la Sociedad General de Autores, entidad que desde el principio considero como mi casa, no pierdo la esperanza de que con la inminente intervención del Ministerio de Cultura (que espero sea contundente), podamos sanear la entidad y volver a colocarla en el sitio que le corresponde, que no es otro que el de una asociación que defiende los intereses de creadores y autores artísticos dentro del ámbito de la cultura en general».
