A partir de ahora, los japoneses que descarguen ilegalmente contenidos protegidos por los derechos de autor y propiedad podrán enfrentarse a penas de dos años de cárcel o al pago de una multa de dos millones de yenes (unos 19.800 euros). Descargar contenidos protegidos era ilegal en Japón desde 2010 pero hasta ahora no se habían aplicado sanciones.
Las nuevas sanciones pueden aplicarse tras una sola descarga ilegal. Esto ha provocado las protestas de grupos partidarios de las descargas libres. Mientras que otros dicen que las sanciones deberían aplicarse a los que facilitan el material ilegal, en lugar de imponer fuertes sanciones a las personas que lo descargan. He ahí la gran disyuntiva.
