Un grupo de discográficas independientes ha presentado ante el Consejo de Ministros reclamaciones individuales por incumplimiento de la normativa europeas para luchar contra las violaciones de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.
Esta es la nota de prensa emitida por el grupo de discográficas independientes:
Madrid, 14 de diciembre de 2010.- Un amplio número de pequeñas y medianas empresas del sector discográfico independiente de todo el país, asesoradas por el despacho de abogados Roca Junyent, han presentado ante el Consejo de Ministros, reclamaciones individualizadas de responsabilidad patrimonial de la Administración ante la falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas a nivel comunitario dirigidas a establecer mecanismos eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.
Las reclamaciones presentadas a título individual por cada una de las compañías que participan en esta acción vienen a dar continuidad al escrito que las mismas presentaron en enero de este año ante todos los ministerios que componen la Comisión Interministerial para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. En el mencionado escrito se instaba a la Administración a que adoptase medidas para la efectiva protección de los legítimos derechos de los agentes que componen el sector de la industria cultural en el ámbito de la Red.
Falta de respuesta de la Administración
Dada la falta de respuesta por parte de la Administración, las pequeñas y medianas empresas que componen este colectivo se han visto obligadas a reclamar los daños patrimoniales sufridos en los últimos años como consecuencia del constante incremento de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual a las que cada día se ven sometidas. Las discográficas lamentan que la falta de medidas legislativas eficaces ante tales vulneraciones les impiden reclamar los derechos que les confiere tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la propia Constitución española y, específicamente, la Ley de Propiedad Intelectual.
La responsabilidad patrimonial reclamada supera los 300 millones de euros y se fundamenta en la falta de adopción por parte de la Administración de las obligaciones contenidas en las Directivas europeas que tratan de adaptar la propiedad intelectual al ámbito digital en el que vivimos (Directiva 2001/29/CE y Directiva 2004/48/CE). En dichas normas se recoge la obligación de los Estados miembros de establecer medidas que garanticen el respeto a los derechos de propiedad intelectual, en particular, medidas efectivas para garantizar que los titulares de los derechos cuyos intereses se vean perjudicados por una actividad ilícita puedan interponer un acción de resarcimiento de daños y perjuicios. Sin embargo, el actual contexto normativo en nuestro país no permite a los titulares de derechos de propiedad intelectual ningún tipo de defensa ante las infracciones que se cometen a través de las descargas ilícitas de contenidos protegidos en Internet, modalidad de piratería digital que comprende más de la mitad del volumen total de vulneraciones de estos derechos en la Red.
El Gobierno ha dejado en estado de indefensión a las discográficas
La falta de actuaciones efectivas y la consecuente impunidad con la que se realizan tales conductas, ha generado en la opinión pública la idea de que estamos ante prácticas legales amparadas por los poderes públicos. La proliferación de conductas ilícitas en la Red va en detrimento de los modelos de negocio que legítimamente viene desarrollando la industria musical, provocando con ello el cierre de innumerables sellos discográficos independientes, el debilitamiento de gran parte del tejido empresarial que dedica sus esfuerzos a la difusión de la cultura y la destrucción de innumerables puestos de trabajo. La total indefensión de las empresas de este sector ha provocado una enorme perdida de valor de su patrimonio y las aboca a un incierto futuro por la falta de perspectivas de continuación empresarial dada la inexistencia de un efectivo marco legal.
Por todo ello, ante la imposibilidad de actuaciones que impidan la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y después de haber solicitado sin éxito a la Administración la adopción de medidas que hicieran posible el acceso por parte de los titulares al derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva en defensa sus legítimos intereses, el sector discográfico independiente que suscribe esta nota de prensa se ha visto obligado a reclamar patrimonialmente a la Administración los daños económicos que les ha generado la piratería digital a lo largo de los últimos años.
Para llevar a cabo esta reclamación se han valorado de forma técnica y real las perdidas por empresas, con la finalidad de cuantificar de cara a la administración, de forma clara, los graves daños que nos produce esta indefensión con la esperanza de que puedan tomarse medidas con la máxima urgencia.
Destacadas discográficas indepentientes adheridas a la reclamación
Las empresas adheridas a esta reclamación son Blanco y Negro Music, Discmedi, Distribuciones Disclub, Fonogramas Metropol, Ok Records, Pias Records Spain, Popstock Distribuciones, Producciones Blau, Gorvijac Music, Kasba Music, Satélite K 76, Música Global Discográfica, y Rosevil Productions; si bien se espera que otras discográficas se adhieran durante el proceso.
