DE LEY
“Los intérpretes podrían desempolvar acuerdos tal vez ruinosos, en los que un día malbarataron sus derechos, para reclamar ahora una distribución más justa”
Javier de Torres analiza cómo podría influir la propuesta de directiva de la UE, pues en caso de llegar a buen puerto, podría abrir la renegociación de los contratos de los artistas.
Una sección de JAVIER DE TORRES.
Querida discográfica:
Aquello que acordamos hace tiempo ya no me vale: hablemos.
¿Se hará realidad pronto algo semejante?
Hay expectación por conocer si la Unión Europea va finalmente a legislar para obligar a reajustar, en ciertos casos, las condiciones pactadas en los contratos discográficos y editoriales.
Una Propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre los derechos de autor en el mercado único digital –que de momento es solo eso, una propuesta– prevé que los Estados Miembros estén obligados a establecer en cada país el derecho de los intérpretes y de los autores a llamar a la puerta de las empresas con quienes contrataron para plantear una revisión de lo acordado. Como es fácil imaginar, esta novedad podría desencadenar un pequeño terremoto en el mundo de los contratos en la música. Porque en el mundo de la música, como en los otros mundos, los contratos normalmente están llamados a cumplirse en los términos pactados: no vale quejarse después si a uno no le ha ido tan bien como hubiera querido.
Para que este mecanismo de adaptación de condiciones pueda activarse, será necesario que la remuneración acordada en su momento con el intérprete o con el autor se haya vuelto muy baja, desproporcionadamente baja, en comparación con los ingresos y los beneficios que la explotación de las grabaciones produce.
Por el momento en España la ley solo permite plantear una petición similar cuando se hubiese acordado como pago una cantidad fija, pero no un porcentaje o royalty, mientras que en otros Estados de la Unión la petición de revisión también puede hacerse en los casos de participación proporcional en los ingresos (si el royalty pactado era muy bajo, se entiende). Además, y esto es muy importante, en nuestro país actualmente solo los autores de las canciones pueden hacer uso de esa facultad: los artistas intérpretes quedan fuera y no pueden plantear la revisión. De ahí el valor de la Propuesta de Directiva de la Unión Europea, al activar como novedad que los intérpretes puedan desempolvar acuerdos tal vez ruinosos, en los que un día malbarataron sus derechos, para reclamar ahora una distribución más justa. Si los fondos de catálogo de las discográficas son una vaca lechera, podría estar cerca el momento de tener que sentarse a hablar sobre cómo repartir.
El equilibrio, está claro, no será fácil de construir, como no lo será tampoco determinar cuándo lo que se acordó en su día ha dejado de ir a misa porque, tras haberse quedado la discográfica con la parte del león –hasta ahí, ninguna novedad– la desproporción se ha convertido en sangrante y reclama justicia. Habrá que definir también quién podrá activar el mecanismo de adaptación de contratos y si podrán intervenir en este proceso las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
Otro aspecto importante en la Propuesta de Directiva, actualmente materia de trabajo en distintos comités del Parlamento Europeo, es la obligación de transparencia. La Unión Europea quiere introducir en su legislación nuevas obligaciones para las discográficas y los editores en un sector tradicionalmente opaco. El objetivo es que los autores y los intérpretes reciban periódicamente información suficiente sobre la explotación de sus creaciones, especialmente en lo que se refiere a los modos de explotación, los ingresos generados y la remuneración correspondiente. Esta obligación, según establece la propuesta normativa, habrá de ser proporcionada y a la vez efectiva, de modo que garantice un nivel adecuado de transparencia. No será sencillo compatibilizar esa transparencia en el mercado, sin embargo, con la necesidad de que las discográficas mantengan confidencial, para competir entre ellas, información sensible de sus acuerdos con otras empresas, como por ejemplo las plataformas digitales.
Como suele ocurrir, la retórica de los textos legales da para esperar grandes cambios y también justamente para lo contrario: habrá que ver en qué queda todo cuando llegue el momento de bajarlo a tierra. La Propuesta, primero, habrá de convertirse en Directiva, e incorporarse más adelante a los sistemas normativos de los Estados miembros.
Eso sí, antes o después y de mayor o menor calado, llegan novedades, no se dude. Bienvenidas serán si sirven para que el dinero del digital empiece a llegar como es debido a intérpretes y autores.
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Anterior entrega de De Ley: Tormenta de plagios.
