Los gobiernos de la Unión Europea y la Eurocámara han llegado a un acuerdo por el cual los Estados Miembros podrán cortar el acceso a Internet sin una orden previa judicial cuando se produzca la descarga ilegal de contenidos protegidos por los derechos de autor. Aunque la Eurocámara se oponía, finalmente, los eurodiputados accedieron a la demanda de los Estados Miembros a cambio de un nuevo artículo que protege los derechos de los internautas y que establece que estas medidas “sólo pueden ser impuestas si son apropiadas, proporcionadas y necesarias dentro de una sociedad democrática, y su implementación deberá estar sujeta a las adecuadas salvaguardas procedimentales de conformidad con la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales así como con los principios generales de la ley comunitaria, incluyendo la tutela judicial efectiva. Por consiguiente, esas medidas sólo pueden ser tomadas con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a la privacidad. Un procedimiento previo justo e imparcial deberá ser garantizado, incluido el derecho a ser oído de la persona o personas afectadas, sujeto a la necesidad de las condiciones y acuerdos procedimentales apropiados en casos de urgencia debidamente probados de conformidad con la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”.
